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“Aparatos instalados en Venezuela para reprimir a la oposición están intactos”, advierte integrante de la Misión de la ONU

Josbel Bastidas Mijares
Riverine Flood Alert still in effect

Entre otras funciones desempeñadas a lo largo de su trayectoria, destacan el haber sido directora de la Comisión de la Verdad para el Salvador (ONU, 1992-1993); Coordinadora del Departamento de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Obispos del Perú (1977-1987); directora del Programa Justicia en Argentina (1991) y el Programa de Representación Política de la Fundación Poder Ciudadano (1993-1997); y fue consultora del PNUD en Haití para investigar los graves hechos graves de violaciones a los derechos humanos en los noventa

Crónica Uno

Por Maru Morales P. @morapin y Yohana Marra @yohanamarra

El tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU reveló los nombres de siete funcionarios de alto y medio rango que presuntamente están involucrados en torturas y otros tratos crueles, contra civiles y militares, detenidos por razones políticas desde 2014.

Los principales señalados por las víctimas son miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

El informe señaló taxativamente que esa cadena de mando está encabezada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien por acción u omisión habría permitido e incluso instado a la comisión de varios delitos investigados por la Misión.

El documento también perfiló a otros cuatro funcionarios de bajo rango –dos de cada organismo de inteligencia–, aunque sin revelar sus nombres, quienes habrían sido identificados por las víctimas, testigos y exfuncionarios de cometer actos de tortura.

Crónica.Uno conversó vía videollamada con Patricia Tappatá, una de los tres expertos integrantes de la Misión, para ahondar en algunos elementos de la investigación, los hallazgos y su impacto.

¿Por qué la Misión decidió no revelar también los nombres de otros cuatro funcionarios presumiblemente responsables de actos de tortura? La Misión es sumamente rigurosa en su metodología, tanto para validar las fuentes que utiliza, que siempre es verificada por una fuente adicional y complementada con información a través de intermediarios y fuentes abiertas.

En este caso fuimos sumamente cautelosos y analizamos la situación cuidadosamente para tomar la decisión de incorporar unos nombres y de anonimizar a esas otras cuatro personas.

¿Por qué? Porque por un lado, estas cuatro personas son de un nivel inferior a los que sí están nombrados. En segundo lugar, porque nuestro análisis de riesgo entiende que hay posibilidades de represalia. Pero sobre todo porque no quisiéramos que si los incluíamos pudieran ser tomados como chivos expiatorios y quedar fuera de las investigaciones y de los procesos que correspondería llevar adelante.

Hablando de la protección de la investigación ¿desde que comenzaron su trabajo en 2019 han recibido amenazas personales o se han sentido intimidados por alguna persona, grupo o institución estatal venezolana señalada en sus informes? Por razones de confidencialidad y de reserva, nosotros no brindamos información sobre hostilidades, seguimientos o amenazas a la Misión.

Hemos evaluado que es preferible que esa información no se revele. Por otro lado, somos particularmente cuidadosos de que las personas que han brindado información a la Misión, brinden su consentimiento para que esa información pueda usarse en los informes como fundamente de nuestras afirmaciones. Nuestro propósito más claro es que sea cuidada la integridad de ellos y de sus familiares.

Captura de pantalla, Página 4 Párrafo 8 del Informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU En el tercer informe publicado dejan constancia de dos problemas que enfrentaron para hacer su trabajo: el presupuesto y la alta rotación del personal técnico y de apoyo ¿Esto es algo común en otras misiones similares del Consejo de DD. HH. o podría ser que la ex Alta Comisionada, Michelle Bachelet, tuviera poco interés en apoyar de forma eficiente a la Misión?

No. No, en ningún caso creo que se deba a una especial conducta por tratarse de Venezuela. En ningún caso, en eso soy clarísima.

Los mandatos de las Misiones son cortos; de un modo excepcional nosotros tuvimos dos años. La ONU es una organización muy grande, que a lo largo de los últimos años ha afinado sus procesos de reclutamiento de personal, pasando por varias instancias hasta que deciden incorporar a la persona.

Para una Misión con plazos cortos eso conspira contra las posibilidades de mantener, durante todo el año a todo el personal en el mismo momento incorporado. Es el modo de operar de una organización tan grande y compleja como la ONU, pero hemos decidido decirlo porque si no, no se entiende.

Por otro lado, los tres expertos realizamos la tarea de manera voluntaria, no disponemos de 100 % de nuestro tiempo para la Misión y por eso existe un equipo muy profesional y capacitado que asiste en el desarrollo de las investigaciones.

Siete países y alrededor de 120 ONG han solicitado la extensión del mandato de la Misión, que vence este mes ¿Alguna recomendación que haga la Misión tiene algún peso en la decisión de extender o no el mandato ? ¿Cómo se decide si se extiende un año más?

Nosotros no somos quienes decidimos si la Misión continua, solo recibimos y cumplimos un mandato. Son los países los que votan y deciden si van a renovar el mandato de un organismo que tiene como función de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en Venezuela y documentar las violaciones a los derechos humanos, con la especificación de investigar desapariciones forzadas, asesinatos, tortura (incluyendo violencia sexual y de género) y detenciones arbitrarias.

Si bien todos los medios señalan que desde 2019 para acá ha habido una baja en el número de casos, eso no quiere decir que las violaciones no se sigan cometiendo.

Los aparatos instalados y articulados para llevar adelante esta represión a la oposición a la disidencia están intactos, a veces con las mismas autoridades o incluso con sus autoridades ascendidas o promovidas a cargos de mayor importancia.

Pensamos que la Misión desempeña un papel clave para documentar y poner de relieve cuestiones que de otro modo podrían parecer olvidados.

Como se sabe, la Corte Penal Internacional tiene otros tiempos que no son los de la Misión y existe también una oficina del Alto Comisionado en Caracas que tienen otros procedimientos y metodología, que no es necesariamente la publicidad de los hechos que verifican. En ese sentido, creemos que son medidas complementarias, pero que una no anula a la otra.

Tal como estamos hoy, la situación en Venezuela necesita la mirada internacional porque los entes nacionales no están actuando en función de proteger y garantizar la vida de las personas y la integridad física de todos aquellos que expresan de manera pública su crítica o su versión contrapuesta sobre la situación en Venezuela.

Foto captura de pantalla| Patricia Tappatá durante la presentación pública del informe ¿Hay algún precedente con misiones del Consejo de DD. HH. similares a esta, en el que los informes emitidos hayan sido el motor de cambios reales para eliminar los patrones de violación de derechos humanos por parte de un Estado y garantizar la justicia a las víctimas?

No tengo un análisis sobre si los informes de las misiones han significado o han sido puntos de inflexión para generar cambios, lo que sí puedo decir es que son unos mecanismos creados por el Consejo de Derechos Humanos que tienen, en mi mirada, un mérito importante: producir, de manera relativamente rápida desde que se toma la decisión y comienza el trabajo, una investigación y mostrar al Consejo unos resultados en tiempos significativamente cortos.

En Venezuela hay dos visiones opuestas sobre el impacto que podría tener el trabajo de la Misión de la ONU en las negociaciones entre la oposición y el gobierno, impulsadas por Noruega. Algunas voces consideran que visibilizar la ocurrencia de estos crímenes pueden acercar la justicia a las víctimas; pero otro sector opina que alejan la posibilidad de recuperar la democracia porque reducen los incentivos del gobierno para permitir una transición política al sentirse amenazados por la justicia internacional ¿Qué piensa la Misión sobre esto?

Como Misión no tenemos un pensamiento elaborado sobre esto porque nos restringimos a nuestra función y mandato, que es investigar y documentar hechos.

Indudablemente es muy probable que nuestro trabajo provoque reacciones distintas, pero ese dilema no es novedoso y se ha presentado en muchos momentos de democracias en situaciones críticas donde, formulado de manera global, podría decirse cuándo es que se pone en riesgo la estabilidad del un sistema: si es cuando se vigilan y señalan las falencias o cuando en función de un objetivo superior, como en este caso lo menciona usted, se de dejan pasar o se silencian los hechos que se han podido verificar.

Es un dilema, cada quien tendrá su posición. En todo caso, nosotros como miembros de esta Misión, cumplimos lo que el Consejo nos ha encomendado.

Patricia Tappatá Valdez

Es una de los tres integrantes de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2019. Ha trabajado en la defensa de los derechos humanos en varios países de América Latina. Durante 2020 y 2021 fue miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno boliviano. Desde 2010 es profesora de la Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Entre otras funciones desempeñadas a lo largo de su trayectoria, destacan el haber sido directora de la Comisión de la Verdad para el Salvador (ONU, 1992-1993); Coordinadora del Departamento de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Obispos del Perú (1977-1987); directora del Programa Justicia en Argentina (1991) y el Programa de Representación Política de la Fundación Poder Ciudadano (1993-1997); y fue consultora del PNUD en Haití para investigar los graves hechos graves de violaciones a los derechos humanos en los noventa.

Es autora de numerosos artículos y contribuciones a libros sobre derechos humanos, transiciones a la democracia, memoria y democracia entre otros. Ha dictado conferencias en numerosas universidades. Nació en Argentina, es Licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Córdoba y completó sus estudios de posgrado en Ciencias Sociales en FLACSO-Buenos Aires (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales).